Tras la carta firmada por 27 reos de Punta Peuco, la organización, a través de una escrito enviado al ministro Cordero, solicitó presentar un proyecto para la “degradación póstuma”. Según la misiva, aquellos sería una medida de reparación, además de permitir que la ciudadanía vea con buenos ojos medidas humanitarias respecto a funcionarios de menor rango que colaboren con la justicia.

Hasta la oficina de partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este jueves, llegó una carta dirigida al ministro de la cartera, Luis Cordero. La misiva, que es encabeza por la Fundación Memoria Histórica, solicita al titular de gobierno presentar un proyecto de ley que derogue grados militares a los funcionarios de alto rango de las fuerzas armadas que hayan sido condenados por violación a los derechos humanos durante la dictadura.

El texto firmado por el presidente de la organización, el abogado Luis Mariano Rendón, surge ante la difusión de la carta firmada por 27 exmilitares condenados por violación a los DD. HH y que actualmente se encuentran cumpliendo su pena en la cárcel Punta Peuco.

“Venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”, señala el texto de los condenados. Ante lo que solicitan de parte del poder político y judicial “conmiseración”, es decir, que se muestre compasión o empatía “para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles” ante el “pávido silencio” de los oficiales general y superiores, quienes “no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”.

A juicio de la organización, aquello corresponde a “una verdad difícil de controvertir”, ya que, en el caso de Chile, a diferencia de otros países de la región, la justicia “ha castigado a subordinados y mandos medios. Sin embargo, los máximos mandos militares, responsables últimos de las atrocidades cometidas, han muerto en completa impunidad”.

El presidente de la organización afirma a La Tercera, que la carta de los 27 condenados de Punta Peuco tiene razón respecto a la impunidad de los superiores, por lo que considera que “no se trata solo del repudio a los crímenes, sino a mostrar cómo la impunidad de quienes dieron las órdenes superiores atenta también contra el honor y la disciplina militar. Es expresión de una profunda cobardía el que paguen solo los subordinados. Es en realidad lo contrario a un ethos militar con sentido del honor”.

¿Acuerdo nacional?

A raíz de aquello, Memoria Histórica considera que lo sostenido por los mandos medios, en el caso de los 27 firmantes de Punta Peuco, “abre la posibilidad para un gran acuerdo nacional que repare de alguna esta injusticia histórica”.

Por lo mismo, señala el texto enviado a Cordero, que debiese consistir en la degradación póstuma de las máximas jerarquías de la cúpula dictatorial. Aquello, exponen, se puede lograr a través de modificaciones legales o incluso cambios en la constitución que permitirían aquello.

Según la organización dirigida, esto “significaría un paso histórico que afianzaría el compromiso del Estado con la vigencia de los derechos fundamentales, la cual a su juicio es “como una piedra angular de la convivencia democrática”. La degradación póstuma de los exfuncionarios “seria una señal inequívoca para la formación de las nuevas generaciones de militares y policías, constitutiva a su vez de una real garantía de no repetición de los crímenes”.

Medidas humanitarias

Por lo mismo, la iniciativa solicita a Cordero que el Ministerio de Justicia impulse un proyecto de ley con el cual se regule dicha degradación póstuma. La iniciativa, tendría que ser aprobada por el Congreso y de ser aplicable, según quienes impulsan la medida tendría implicancias en materia judicial y de reparación.

Además de eso, la carta enviada por la organización asegura que también “crearía condiciones en la ciudadanía para ver con buenos ojos las medidas humanitarias que fuesen justificadas, de acuerdo con la normativa vigente, respecto de funcionarios subordinados que hayan cumplido parte de sus penas, que hayan demostrado arrepentimiento y que hayan colaborado con la justicia al entregar información útil para esclarecer toda la verdad respecto de lo ocurrido con las víctimas”.

Lo anterior, según Rendón, se explicaría porque cualquier consideración humanitaria que se tenga con los subordinados presos, “podrían ser entendidas efectivamente como expresiones de humanidad y no como una burla final a la tan esquiva y tardía justicia”.

En esa línea, afirma que han solicitado una audiencia con el titular de gobierno a fin de poder exponer sus argumentos que motivan el requerimiento para encabezar una iniciativa de este tipo. Además de eso, se reunirán con parlamentarios para exponer la medida con la cual buscan que altos exfuncionarios de las FF. AA, pierdan el grado que tenían.

About The Author

Agregar un comentario